AVIÓN VENEZOLANO

El avión que es noticia...

El avión que es noticia...

Nos pareció interesante escribir hoy sobre el hecho noticioso para Latinoamérica, de una aeronave de carga propiedad de una aeroempresa del Estado venezolano, retenida desde hace casi dos meses en el aeropuerto de Buenos Aires, “Ministro Pistarini”. Creemos que es más atrayente aún discurrir sobre el punto, si se enfoca desde la perspectiva estricta del Derecho que, desde posiciones políticas, a veces a contrapelo de este.

Conviene resaltar previamente y en razón del caso, lo que tiene que ver con la separación de las ramas del Poder Nacional del Estado, dicho de manera sencilla. Todos los países civilizados tienen establecido, en su respectivo ordenamiento, cuáles son las ramas del Poder Nacional y cómo se ejercen sus respectivas funciones, fundados en la idea explicada por el pensador francés, Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu (1689 – 1755), en Francia, como una forma de poner freno, entonces, al absolutismo del monarca quien gobernaba como dueño y señor en el siglo XVIII. 

Hoy día, el Poder del Estado o Poder Nacional, está presente en los textos jurídicos de las naciones y se ejercita mediante los tres Poderes Públicos clásicos, con el equilibrio y control reciproco de ellos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En la Venezuela de nuestros días, a las ramas tradicionales del Poder Nacional, se agregan dos: los Poderes Ciudadano y Electoral tal lo dispone el texto constitucional en su artículo 136. Lo importante de la división y auténtico ejercicio entre poderes públicos del Estado, es que no haya ni excesos ni carencias en función de lo establecido en la norma jurídica nacional. Cada rama del Poder Nacional es autónoma pero no independiente y ellas colaborarán entre sí para la efectiva acción de gobierno puesto que el Estado es uno solo. Dentro y fuera de sus fronteras. Concepto universal.

Como dijimos, es conocido internacionalmente el caso actual del avión 747-300, propiedad de la venezolana Emtrasur, y que ha originado un impasse entre los gobiernos de Argentina y Venezuela y la intervención de otros Estados como Uruguay, Paraguay y hasta Méjico y en el que ninguno ha aportado nada con peso jurídico, sustantivo y/o procesal. El jet despegó desde el “Benito Juárez” en la capital mejicana, en vuelo controlado al aeropuerto “Ministro Pistarini” con escala en Maiquetía para tomar combustible. Según el Derecho Aeronáutico, hay una verdad. Las aeronaves vuelan en espacios controlados; es decir, estrechamente seguidos en su trayectoria por los servicios de vigilancia y control; por caminos aéreos con altura y rumbo señalados, con sitios de reporte obligatorios para la tripulación; con identificación individual electrónica y automática que llega a tierra a los centros de control del tránsito, civiles y militares, y que por lo dicho, resulta imposible el vuelo subrepticio de cualquier aeronave, y menos del tamaño de un Boeing 747 y en un trayecto que dura unas ocho horas de vuelo. Breve: el avión venezolano sobrevoló varios territorios estatales normalmente.

Al arribar el avión al sitio de destino, los tripulantes y demás ocupantes, cumplieron con los trámites de ley para aduanizar la carga y presentar sus documentos personales en regla.

Casi de inmediato al arribo, una organización israelita intentó una acusación ante una Fiscal del Ministerio Público competente, por presuntos delitos de terrorismo contra los ocupantes del avión y más exactamente contra el comandante del vuelo. La responsabilidad penal es personal. La Fiscal, en ejercicio de sus funciones legales, intentó la acción correspondiente ante un juez penal federal con competencia quien, sea dicho abreviadamente, decidió favorablemente la acción, ahora y por estos días pasados, para el o los presuntos imputados. La Fiscal apeló la decisión ante el juez superior. Y aquí es donde destacamos con énfasis que: corresponde a este magistrado decidir conforme al Derecho. Mientras, no puede el Poder Ejecutivo argentino y más concretamente el Presidente de la República, Alberto Fernández, intervenir en modo alguno precisamente en razón de la separación de las ramas del Poder Nacional a la cual nos hemos referido líneas arriba “ex profeso”. Ni siquiera a petición de gobierno amigo. Pretender esto ya es un dislate. Porque en los países donde existe estado de derecho eso no se puede hacer. El caso está en manos del Poder Judicial autónomo y punto.

Pero hay algo más. El avión que es, en última ratio, propiedad de los venezolanos, y no de persona natural o jurídica alguna dedicada a la política, por ejemplo, pretende ser confiscado por medio de artificios de la politiquería internacional que también la hay. En este caso, por un tercer Estado: EE.UU. Todo según declaraciones públicas de funcionarios estadounidenses. En efecto, la aeronave puesta a la orden del FBI para su peritaje, en territorio argentino, hay quien pretende, además, por la vía de los hechos, que se le entregue al gobierno de los EE.UU. Y eso tampoco se puede hacer según el Derecho; este no da para eso.

No puede apropiarse un Estado cualquiera sea, o aún intentar hacerlo, de un bien que es propiedad de un tercero, alegando o argumentando sin fundamento “que el avión está solicitado por él”. La aeronave no puede ser incautada por nadie, bajo alegatos extraños al Derecho.  La única forma que procedería su decomiso, es mediante sentencia firme de un tribunal del Estado donde ella, la aeronave, resultó medio de comisión de un delito ejecutado por sus propietarios, que habrían actuado, si fuere el caso hipotéticamente planteado, como autores, coautores, cómplices o encubridores y en donde la ley penal local castigue con pena accesoria de comiso los medios de perpetración de ese delito en particular. Así es más allá de opinión alguna.

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